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LA IMAGEN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS OBREROS: LOS MINEROS CHILENOS

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Recientemente, en el blog hermano, López Bulla advertía sobre la imagen de la huelga y la importancia que tiene la reconstrucción mediática de un hecho social relevante, como el de una huelga general, de forma tal que su valor simbólico final depende en gran medida de cómo haya sido construido por la comunicación social, en la medida que esta construcción determina directamente la opinión pública. Aprovechando esta sabia advertencia, y dado que el período vacacional veraniego va terminando, es útil relacionar esta observación con las construcciones cotidianas de que disponemos de la clase obrera en los medios de comunicación españoles. Para ello agosto ha suministrado un hecho central: el derrumbe de una mina en Chile y la excepcional subsistencia de 33 mineros en la misma, que deberán ser salvados a traves de complicadas operaciones de perforación de túneles en la roca.

En el tratamiento de la noticia, debe siempre prevalecer el lado humano: los mineros han sido encontrados con vida, la población lo festeja, las autoridades, incluido el recien elegido presidente de la república, acuden a hablar con ellos, se organzia el aparato de salvamiento. Lo importante es que salgan con vida. Naturalmente que nadie pregunta - y en todo caso en la prensa no se resalta - por qué ha sucedido este hecho. En algunas informaciones más técnicas, se hace constar que igual que en las minas españolas el peligro es la explosión de gas, en las chilenas lo peligroso es la explosión de la roca. Ningún periodista habla ni se interroga por las responsabilidades que este hecho genera. Alguien menciona, menos mal, que la mina ha sido cerrada en un tiempo por absoluta carencia de medidas de seguridad, pero que fué reabierta sin cumplir los requisitos sobre una salida aprovechando la torre de ventilación que había establecido un organismo oficial al respecto.

Basta con escribir en google Mina San José (Chile) para que aparezcan informaciones que ningún periodista contrastará jamás. Veamos alguna de ellas:

Hay una versión invisible de este hecho, la que sustentan los dirigentes del Sindicato Nº2 de Minera San Esteban Primera y la CUT provincial Copiapó, y que hicieron suya los representantes de las organizaciones sindicales de la minería de todo el país, que concurrieron a la asamblea de organizaciones sociales y sindicales realizada el 13 de agosto en la Universidad de Atacama, convocada al calor de los acontecimientos.

Este enfoque sostiene que la tragedia, largamente anunciada por los dirigentes sindicales de la mina, es la consecuencia inevitable de un sistema económico que pone en el centro la rentabilidad privada sobre cualquier otra consideración, incluyendo la seguridad e incluso la propia vida de los que con su trabajo, generan esa rentabilidad.

En este enfoque, las responsabilidades son compartidas entre la contraparte empresarial, que atropelló repetidamente el reglamento de seguridad minera en su afán de aumentar la producción en el escenario del alto precio del cobre, y el Estado, en cuanto autoridad supervisora, a través de instituciones como el Servicio Nacional de Geología y Minas, la Inspección del Trabajo, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social, el Gobierno Regional, todas las cuales fallaron a la hora de preservar la seguridad e integridad de los 33 mineros atrapados, e incluso, la Corte de Apelaciones de Copiapó, que rechazó un recurso de protección presentado por el Consejo Directivo de los Sindicatos de Trabajadores de Minera San Esteban Primera, el 6 de marzo de 2004.

No encontraremos esta información en nuestros periódicos, y quien sabe por qué nuestros periodistas no consideran importante este tipo de informaciones. Tampoco se indaga por la propiedad de la mina - porque la mina es privada, naturalmente -, y el destino de su producción, posiblemente una gran compañía transnacional americana. Ni hablar de la posible declaración de quiebra por parte de la empresa al estar la mina cerrada y no producir beneficios, con la consecuencia que prevé la legislación chilena de exonerar a la empresa del pago de salarios e indemnizaciones.
Que no piense nadie que no hay un periodismo de investigación en este tema. Las informaciones sobre el derrumbamiento de la mina se convierten, finalmente, en un concienzudo análisis del alcoholismo de los mineros y de cómo combatir su síndrome de abstinencia. Se subraya que esos trabajadores son en su gran mayoría alcohólicos y drogadictos, con testimonios irrefutables de vecinos y seres queridos. Algunos de ellos, además, se niegan a regularizar su situación afectiva con una pareja con la que ha convivido - y con la que tiene dos hijos - desde hace dieciocho años. Los mineros deben ser compadecidos, ciertamente, por este hecho fatal y azaroso de encontrarse aislados a cientos de metros bajo tierra en un habitáculo mínimo y claustrofóbico, pero el "lado humano" de la noticia es que esos hombres no se corresponden con una épica de la clase obrera - las fotos y las imágenes lo delatan, repetidas mil veces en las pantallas -sino un producto de la abyección moral en la que viven como clase subalterna, que les ha hecho, como resultado del darwinismo social, trabajadores de riesgo, sólo útiles en la oscuridad de la mina, produciendo mineral como topos ciegos.
La imagen de los obreros encerrados en un pozo cuya supervivencia es al menos dudosa, tal como es reproducida por los medios de comunicación en España se resume en presentarla como una tragedia sin causa, unas víctimas indiferentes a su destino, y en omitir cualquier referencia a la culpabilidad por esta situación, afirmando la inexistencia de responsabilidad empresarial o pública ante el derrumbe y la puesta en peligro de la vida de estos trabajadores. La imagen de los mineros que muestran los medios de comunicación despoja de la dignidad personal a los trabajadores y oculta las raíces económicas de la tragedia, causada por la falta de medidas de seguridad en la mina ante la urgencia de ganancia de sus propietarios.
Quizá sea necesario abrir un debate amplio sobre el derecho de los ciudadanos a ser informados verazmente y a impedir la manipulación informativa, precisando un sistema de garantías colectivas sobre los flujos de información sesgada o tergiversadora de la realidad. Mientras tanto, los medios de comunicación seguirán informando de esta manera sobre la tragedia y el sufrimiento de los trabajadores del mundo.


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